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Consejo de Estado confirmó en segunda instancia Nulidad de elección de la Diputada Claudia Garzón

La Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Meta proferido el 28 de octubre de 2016 mediante el cual decretó la Nulidad de la Elección de la Diputada Claudia Patricia Garzón Torres, para el periodo 2016 – 2019.

 

La ponencia del consejero, Carlos Enrique Moreno Rubio, fue abalada por la Procuraduría Judicial y acogida por los demás integrantes de la Sección Quinta, quienes coincidieron en que Claudia Garzón, violó el régimen de inhabilidades desde el 27 de abril de 2015.

 

Pues faltando seis (6) meses y dos (2) días para las elecciones, firmó un contrato con el Hospital Militar de Oriente, por $37 millones 503 mil 790 pesos, para prestación de servicios de transporte asistencial básico y medicalizado, a través de la Sociedad Ambulancias del Llano S.A.S. en calidad de representante legal.

 

La norma establece que, quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas del Estado quedará inmerso en vulneración del régimen de inhabilidades.

Por lo anterior el Consejo de Estado ordenó notificar de dicha decisión, al actual presidente de la Asamblea departamental del Meta, al presidente del partido Centro Democrático, Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Así mismo ordenó la cancelación del documento que la acredita como Diputada para el periodo constitucional 2016 – 2019.

La demanda estuvo motivada por el ciudadano, Óscar Orlando Bejarano Herrera, militante también por Cambio Radical y quien pretende ocupar la curul que deja Claudia Patricia Garzón Torres, hermana del exconcejal, José Alejandro Garzón Torres, recientemente condenado a 10 años de prisión, pero que aún no queda en firma la sentencia por estar en apelación.

 

El ex concejal exigió en 2009 un celular de alta gama y parte del sueldo a un funcionario de la Contraloría municipal para sostenerlo en el cargo.

 

Es de anotar que, por ese hecho, en 2011 la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad del exconcejal por 11 años para ejercer funciones públicas.

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